Iván JiménezUn juzgado de Sevilla investigará a la Junta de Andalucía por las «irregularidades» en la adjudicación y ejecución de contratos en uno de los programas gestionados por la ONG Inserta Andalucía. Los contratos denunciados por el grupo Por Andalucía ascienden a un valor total de más de dos millones de euros y fueron adjudicados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Lo ha anunciado la parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, en rueda de prensa, mostrando su «satisfacción» después de que el Gobierno de Moreno Bonilla negara los hechos tras la denuncia presentada por el grupo compuesto por Izquierda Unida, Podemos y Sumar. La situación que viven estos jóvenes que forman parte de programa hasta su mayoría de edad es muy «preocupante» en palabras de Nieto, que sufren las consecuencias del ‘mal hacer’ del Gobierno y cuya gestión supone, además, un «menoscabo importante de fondos públicos de una empresa que hace todo mal».
Por Andalucía señaló a la Junta de Andalucía como responsable de «falsear» los expedientes de contratación, tramitando pliegos con «información manipulada» para que así Inserta fuera la única adjudicataria en los procesos de adjudicación de dichos contratos, dado que los requisitos exigidos en un primer momento requerían de un «coste inflado par las potenciales empresas competidoras» y, finalmente, esos contratos no se acababan cumpliendo.
Este incumplimientos de contratos habría generado un «beneficio económico indebido para le empresa con dinero público». La denuncia del grupo parlamentario centra su mirada en la gestión que la Consejería realizó de los pisos destinados a jóvenes migrantes extutelados en Málaga, Granada y Cádiz, cuyos contratos, aún en vigor, ascienden a 1.016.390 y 1.159.267 euros, respectivamente.
En Málaga, por ejemplo, el contrato establecía la necesidad de 14 trabajadores a jornada completa. Sin embargo, según Nieto, solo trabajaban 8, y solo 3 lo hacían a jornada completa. Además, Por Andalucía ha denunciado que la Junta de Andalucía, una vez firmados los contratos, habría permitido que estos no se cumplieran en los términos pactados, generando el beneficio indebido en la empresa adjudicataria.
En rueda de prensa, Nieto ha explicado que desde su grupo entienden que «por el modo de proceder» que ha tenido la empresa y que la Junta le ha «permitido», «alentado» y «diseñado», se han producido «una comisión de delitos muy grave».
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.