El pasado martes 28 de enero el Grupo Parlamentario Por Andalucía presentó una denuncia ante un juzgado de Sevilla por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos en uno de los programas gestionados por la ONG Inserta Andalucía. En concreto, se tratan de dos contratos adjudicados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad cuyo valor asciende a más de dos millones de euros.
La portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, ha acusado a la Junta de «falsear» los expedientes de contratación, al tramitar pliegos con «información manipulada». Nieto considera que la Junta de Andalucía es «especialmente responsable, ya sea por connivencia o por negligencia, al tener conocimiento de lo ocurrido y no actuar al respecto», ya que estas irregularidades en los contratos habría provocado que la ONG Inserta fuera la única adjudicataria en los procesos de licitación, puesto que los requisitos exigidos en un primer momento requerían un «coste inflado» para las potenciales empresas competidoras.
Además, con Inserta como única candidata y adjudicataria, los términos de los contratos no se acabaron cumpliendo, según ha explicado la parlamentaria de izquierdas. Esto habría generado un «beneficio económico indebido para le empresa con dinero público». La denuncia del grupo parlamentario centra su mirada en la gestión que la Consejería realizó de los pisos destinados a jóvenes migrantes extutelados en Málaga, Granada y Cádiz, cuyos contratos, aún en vigor, ascienden a 1.016.390 y 1.159.267 euros, respectivamente.
En Málaga, por ejemplo, el contrato establecía la necesidad de 14 trabajadores a jornada completa. Sin embargo, según Nieto, solo trabajaban 8, y solo 3 lo hacían a jornada completa. Además, Por Andalucía ha denunciado que la Junta de Andalucía, una vez firmados los contratos, habría permitido que estos no se cumplieran en los términos pactados, generando el beneficio indebido en la empresa adjudicataria.

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Codirector de Espacio Andaluz.