Iván JiménezEl grupo Por Andalucía ha llevado a los tribunales al Presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y al exconsejero Elías Bendodo por la «adjudicación directa» de un contrato de casi 15.000 euros y subvenciones de más de 500.000 euros a José Manuel Soto para el proyecto Caminos del Rocío.
El diputado José Manuel Jurado ha calificado el caso como «corrupción de amiguetes», mientras que la portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, ha denunciado la «impunidad» del PP, señalando otros escándalos como los contratos del SAS o el caso Inserta Andalucía. La denuncia se presenta después de conocerse la anulación de uno de los contratos por la Oficina Antifraude, tras una denuncia previa de Por Andalucía.
La anulación de Antifraude se corresponde al contrato menor, que nace de «una idea» que presenta Soto a su amigo, Juanma Moreno, y que tiene que ir haciendo y deshaciendo conforme a la viabilidad que presentaba el propio proyecto -realizado por él y un amigo- según le iban diciendo los propios técnicos de la Administración pública. Una vez que la Oficina Antifraude dilucidó que era un contrato con «visos de nulidad», por su imposibilidad de realización, sobre todo en el apartado técnico, desde Por Andalucía han fijado su mirada en las subvenciones recibidas por el empresario.
En este sentido, han pedido al juzgado que investiguen la Fundación «Caminos del Rocío», constituida posterior a la adjudicación del citado contrato menor y a la que la Junta de Andalucía concedió en 2023 y 2024 dos subvenciones directas y nominativas, de 275.000 euros por anualidad, para sufragar «gastos de funcionamiento».
El grupo político ha afirmado que ha tratado de acceder en reiteradas ocasiones y a través de distintas iniciativas parlamentarias a los expedientes de concesión y justificación de las subvenciones, pero hasta el momento, no han podido acceder a los mismos en «condiciones óptimas para su total evaluación». De hecho, desde la Presidencia del Parlamento, y a raíz de los obstáculos que se han encontrado los parlamentarios de Por Andalucía, ha cursado una solicitud de amparo por «vulneración de derechos reglamentarios».
Desde Por Andalucía han transmitido que las citadas subvenciones, y cuyo valor asciende a más de medio millón de euros, concurren en «indicios de conducta criminal», es por ello que han pedido al juez que los investigue para que, una vez confirmados, puedan formar parte de la denuncia.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
