El Grupo Parlamentario Por Andalucía interpuso una denuncia en el juzgado de Sevilla por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos en uno de los programas gestionados por la ONG Inserta Andalucía y adjudicados por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Entre los hechos denunciados, la portavoz del grupo, Inma Nieto, ha señalado el posible conflicto de interés existente en las citadas contrataciones, ya que tanto la esposa como el hijo del interlocutor entre la Administración y la empresa fueron contratados una vez se firmaron estos contratos.
De este modo, el grupo parlamentario ha apuntado a la persona de Ramón Rodríguez Gómez, responsable del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía. Tanto su esposa como su hijo fueron contratados, asegura Por Andalucía, por Inserta, una vez que fueron adjudicados los contratos públicos. En concreto, estas personas habrían sido contratadas para diferentes programas que la entidad gestiona en la provincia de Sevilla.
La denuncia que ha presentado la portavoz centra su mirada en la gestión que la Consejería realizó de los pisos destinados a jóvenes migrantes extutelados en Málaga, Granada y Cádiz, cuyos contratos, aún en vigor, ascienden a 1.016.390 y 1.159.267 euros, respectivamente.
Por Andalucía ha acusado a la Junta de Andalucía de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho y falsedad documental, al entender que se han «falseado expedientes de contratación», permitiendo que los contratos «no se cumplan», justificando el servicio «irregularmente prestado» y como responsable del «deficitario servicio que han sufrido las personas usuarias, pertenecientes a colectivos vulnerables».

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Codirector de Espacio Andaluz.