Hecho el desastre, toca escurrir el bulto, aunque suponga hacerlo burdamente. El Gobierno andaluz, en declaraciones de su portavoz y consejera de Hacienda, Carolina España, quiso justificar ayer de algún modo el voto en contra de los 25 diputados andaluces del PP en el Congreso a la nueva norma que permitirá la desclasificación por completo de los archivos en torno al asesinato en la jornada del 4 de diciembre de 1977 del joven malagueño Manuel José García Caparrós a manos de la Policía Armada, en la capital costasoleña.
En una de las declaraciones más controvertidas que se le recuerdan al vigente Ejecutivo andaluz en estos casi siete años de mandato del PP en la Junta, España aseguró que las y los congresistas andaluces de la formación genovesa «no sabían», por «falta de información», que esta nueva propuesta atañía a García Caparrós, tras la polémica suscitada al conocerse este rechazo del PP de Moreno en la Cámara Baja a la nueva iniciativa legislativa que permitirá que los familiares de víctimas que se encuentren en los documentos secretos del Congreso puedan acceder con carácter preferente a estos archivos, de forma que los obtengan «sin anonimizar» ni tachar nombres, abriendo las puertas de par en par a que las hermanas del joven andalucista arrojen luz completa por fin a lo que sufriese su hermano, «tras 48 de lucha» por «hacer justicia».
Bien por falseo (muy probablemente), bien por inoperancia en su responsabilidad pública, la negativa llegó a «sorprenderle» a una de las hermanas del difunto sindicalista malacitano, quien aseguró ante los micrófonos de Cadena Ser, visiblemente afectada y desilusionada, «no entender» este voto en contra del partido que gobierna en la comunidad andaluza a semejante oportunidad.
Foto: Junta de Andalucía

Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).