Iván JiménezLos agricultores de la provincia de Jaén han vuelto a movilizarse este lunes contra nuevas expropiaciones forzosas que se realizarán en el municipio de Lopera, uno de los pueblos más afectados por la llegada de las megaplantas fotovoltaicas. En este caso, desde la plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares señalan que la beneficiaria de las casi 50 expropiaciones que se van a producir entre este lunes y el próximo martes tienen como única beneficiaria a la empresa Green Stone Renewable VIII, S.L.
Los agricultores claman contra el «reparto del pastel» de la comarca del alto Guadalquivir a su «antojo» y con el «beneplácito» de la Junta de Andalucía. «Nos roban las tierras de cultivo más fértiles del valle del Guadalquivir, ya sea de cereal u olivar, lo que provocará una mayor dependencia de productos agrícolas foráneos y de una inestabilidad de precios», denuncian los agricultores que, según la plataforma, se estima una reducción del 20% anual de entrada de aceituna, y en consecuencia de aceite, lo que se traduce en torno a 2.500.000 euros de pérdidas.
El coordinador general de IU, Toni Valero, ha apoyado las movilizaciones de los agricultores en defensa del olivar jienense, «amenazados por macroproyectos especulativos de fotovoltaicas». Valero ha cargado duramente contra la Junta de Andalucía por realizar las expropiaciones forzosas de cientos de miles de olivos y así poder llenar el campo de plantas fotovoltaicas: «Ahora entendemos el motivo por el que Moreno Bonilla no quiso la declaración de la Unesco del Paisaje del Olivar como Patrimonio Inmaterial, para dejar el campo en manos de estos fondos de Inversión».
El diputado en el Congreso ha defendido que el campo andaluz necesita un modelo que «salvaguarde la agricultura y la soberanía energética, frente al modelo especulativo de las multinacionales hay que propiciar comunidades energéticas con protagonismo del sector público que haga compatible la producción de energía renovable con la soberanía alimentaria».
En total, está previsto que en Lopera se construyan casi 1.000 hectáreas de placas fotovoltaicas que, además, lo hacen en «pos del interés público». Este interés radica en el artículo 56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, por el que se establece que la declaración de utilidad pública “llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación”. Este es el argumento que, desde la Administración, se utiliza para llevar a cabo estas expropiaciones.
La movilización ha estado apoyada por la Alianza Energía y Territorio, un colectivo estatal en torno a la sostenibilidad de la energía y el movimiento nacional SOS Rural, cuyo objetivo es poner en valor la actividad productiva y social del medio rural. Actualmente, estas expropiaciones se encuentran en manos de la Justicia, después de que el pasado 28 de enero la plataforma presentara una denuncia contra el argumento utilizado para expropiar las tierras a los olivareros. Estos denunciaron a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Jaén, cuyo delegado es Javier Calvente, como la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, cuya delegada es María José Lara, por «posibles delitos contra la flora y fauna y delito de prevaricación ambiental».
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
