Iván JiménezLos olivareros de Jaén siguen en pie de guerra. El pasado 28 de enero interpusieron una denuncia en los Juzgados de Guardia de Andújar por «posibles delitos contra la flora y fauna y delito de prevaricación ambiental«, tanto a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Jaén, cuyo delegado es Javier Calvente, como la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, cuya delegada es María José Lara, de la Junta de Andalucía; así como a las empresas promotoras de estas plantas, Greenalia y FRV Arroyadas.
La denuncia, que fue presentada por la plataforma ‘Campiña Norte contra las megaplantas solares’, ha sido admitida a trámite por el Juez, que ha abierto diligencias para investigar los hechos. La Plataforma arguye que las expropiaciones de tierra a los olivareros, en «pro del interés público», es un argumento ‘falaz’, dado que «no se basa en cuidar el medio ambiente, mejorar la vida de los ciudadanos y de combatir la despoblación. Mentiras veladas que se escudan en un falso ecologismo, aquí de lo que se trata es de enriquecer y favorecer a empresas ‘amigas’, generando más deuda a los ciudadanos», expresa la Plataforma.
La realidad es que estos procesos de instalación suponen la expropiación de más de cien mil olivos, según la plataforma afectada, focalizándose, de manera más acuciada, en la comarca de la Campiña de Jaén. Mientras esta denuncia se encuentra en fase de instrucción los ayuntamientos no podrán otorgar licencia alguna, una victoria que la Plataforma celebra, dado que estas plantas estaban previstas para que estuvieran en pleno funcionamiento en 2026.
La Plataforma, además, denuncia la mala praxis de las empresas promotoras sigan llevando a cabo ensayos en la zona sin tener permisos correspondientes, «campando a sus anchas» en parcelas colindantes generando «graves destrozos con maquinaria pesada» que afectan a los pequeños agricultores de la zona. La expropiación de olivos en el término de Lopera, uno de los municipios jienenses más afectados, supondría pérdidas de hasta tres millones de euros al año, a lo que habría que sumar las pérdidas que ocasionaría, de manera indirecta, a los comercios locales.
En Lopera, aproximadamente el 80% de la población vive del olivar, según los datos de la Plataforma, donde el 95% del cultivo corresponde a la producción de aceite. Este cultivo está viéndose amenazado por las cuatro plantas fotovoltaicas que se quieren instalar y que supondría ocupar un total de 426 hectáreas, las más fértiles, productivos y de mayor rendimiento de Lopera, que acumula un total de 5.853 hectáreas. De estas, el 71% cuenta con una superficie inferior a 5 hectáreas, por lo que estaría atentando con la viabilidad y supervivencia de pequeños agricultores.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
Puedes encontrarme en algunas redes sociales como @ivanjimenezm98.
Codirector de Espacio Andaluz.
