Cristian López Domínguez4.600 euros al mes. Esa es la nómina de la que puede llegar a gozar una persona que pretende acceder a la concesión de una vivienda de protección oficial (VPO) en Andalucía. Este auténtico disparate para cualquier administración con utilidad de servicio público, puesto que las viviendas protegidas están concebidas para facilitar el acceso a una casa propia a personas o familias que por distintas razones (especialmente económicas) no pueden hacerlo, ya es una realidad en territorio andaluz de la mano de las políticas de vivienda implementadas por el Partido Popular y por su máximo dirigente Juanma Moreno durante los últimos años.
Este y otros tantos atropellos en materia de vivienda que vive actualmente la población andaluza, cuya renta media, según cifra la EAPN (European Anti Poverty Network), es, asimismo, no especialmente superior a la cuantía antes cifrada como máximo para concurrir a una VPO (11.719 euros), le echó en cara ayer el portavoz parlamento de Adelante Andalucía, José Ignacio García, al líder de los populares andaluces en la última de las sesiones plenarias. Una cita parlamentaria en la que también quiso preguntarle, «en tono aguerrido e intenso» (como destacó incluso el propio Moreno), sobre el polémico suelo de vivienda pública anunciado por el Ayuntamiento de Sevilla y por su alcalde, José Luis Sanz (PP), en el que el precio de estas oscilan entre los 200.000 y los 350.000 euros. «¿Usted cree que 350.000 euros es un buen precio para una VPO, señor Moreno?», le preguntaba.
El dirigente andalucista advirtió de algunas de estas políticas desarrolladas por el Partido Popular de Andalucía en los últimos años al frente de la Junta, como la «subida del precio máximo de las viviendas, hasta tres veces»; el mencionado «aumento del umbral de renta por el que se puede acceder a una vivienda protegida, para lo que García llegó a subrayarle que hasta él mismo (presidente andaluz), «en algunas circunstancias» y «cobrando 87.000 euros al año», puede acceder a una VPO, «gracias al último gran decreto de la Junta de Andalucía», o, el incremento del «dinero que le damos a las constructoras privadas para que construyan vivienda de este tipo».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
