Este miércoles el Pleno del Parlamento andaluz debatía sobre una proposición de ley que Adelante Andalucía había presentado el pasado diciembre en relación a la creación de la tasa turística en Andalucía. Siete meses después, la Cámara baja andaluza ha tenido la oportunidad de debatir sobre un impuesto que genera, como es habitual, disparidad de opiniones entre los grupos políticos del Parlamento pero que, esta vez, trascienden las propias organizaciones políticas en distintas capitales andaluzas.
Mientras el PP de Juanma Moreno carga contra lo que consideran un «impuesto» a los turistas, algo que explicita la propia ley en su propio título, alcaldes como José Luis Sanz (PP) en Sevilla, o Paco de la Torre (PP) en Málaga, reclaman la necesidad de este «impuesto encubierto».
El diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se sorprendía cuando el diputado popular, Oblaré Torres, acusaba a los andalucistas de «encubrir un impuesto» con el término ‘tasa turística’: «en el propio título de la ley aparece la palabra impuesto, pero es que hay que leerse la ley», le espetó resignado García ante la incredulidad del argumento.
El diputado de Adelante ha señalado los grandes problemas a los que Andalucía se enfrenta como consecuencias del turismo masivo, lo que considera las «causas» de que hoy se haya debatido la tasa turística:
«Genera un problema de vivienda, cada vez es más caro el acceso a la vivienda y, en parte, está provocado por el aumento sin control de la vivienda turística. Genera un impacto climático: una habitación de hotel gasta tres veces más que una vivienda en agua; o la contaminación de los cruceros. Andalucía mantiene un modelo turístico que descansa en una amplia mano de obra barata. Y hablamos de que Andalucía es una receptora de turismo pero se les niega el derecho a los andaluces a irse de vacaciones, el 50% de los andaluces y andaluzas no pueden irse de vacaciones«.
García también ha hablado del problema de la desnaturalización de las ciudades y pueblos, por el incremento de viviendas turísticas y el desplazamiento de los vecinos y vecinas de los barrios, sobre todo del casco histórico, provocando que se conviertan en una suerte de «parque temático».
El diputado andalucista ha reconocido que no cree que la tasa turística sea la solución a todos estos problemas, al que también ha sumado la saturación de los servicios públicos, como los centros de salud en verano, donde con la mitad de personal debe atender, a veces, hasta a cinco veces más de habitantes en verano que en invierno. Sin embargo, es «el primer paso» para ponerle solución a los problemas que genera el turismo masivo y «generaría unas ganancias que rondarían los 220 millones de euros«.
La propuesta andalucista plantea que esto sea un modelo finalista, es decir, que no se aplique para promoción turística ni para el enriquecimiento de la patronal hostelera, sino que se utilice para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler y a hacer política para «afrontar los problemas climáticos, medioambientales, energéticos e hídricos que tiene el turismo».
PSOE y Por Andalucía a favor, pero con condiciones
Los partidos de izquierda del hemiciclo andaluz se han puesto de acuerdo en la necesidad de imponer esta tasa turística, pero no en el fondo de la cuestión, donde cada partido cree que habría que abordarlo desde diferentes perspectivas.
La diputada socialista, Isabel Aguilera, ha recordado que este debate llega tarde, puesto que ya se ha solicitado a la Junta que se aborde este problema desde distintas asociaciones de comerciantes, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), alcaldes populares e incluso FACUA.
Aguilera ha defendido el valor e importancia que el turismo tiene en Andalucía, sin embargo, también comparte el deseo de apostar por «un modelo turístico con mayor sostenibilidad, como miles de ciudadanos han manifestado en las últimas semanas».
«Es imperativo abordar los problemas del turismo masivo», ha defendido, pero también otros problemas. La tasa turística puede presentarse como una «herramienta potencial para garantizar que el crecimiento del turismo sea sostenible y que sea beneficioso para todos en todos sus aspectos: económico, medioambiental y social, que es el que está presentando síntomas de alarma«.
Así, la diputada socialista también ha recriminado a PP y Vox que utilicen el argumento de que la tasa turística provoca una «rebaja» en la competitividad en el sector, bromeando sobre la «disuasión» que sí provocaría aplicar la tasa a los museos que, desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, se pretende imponer.
Desde Por Andalucía, Esperanza Gómez ha indicado que la imposición de esta tasa no tendría efectos en temas como el de la vivienda, pero que es un problema central que hay que abordar con urgencia: «Si en determinadas zonas se sustraen del mercado alquiler residencial para pasarlas al alquiler turístico, el precio de las que se quedan sube. No podemos negar que a menos viviendas en alquiler residencial más caras son las que se quedan, al menos hasta que no le pongamos tope al alquiler».
Gómez ha reflexionado sobre la necesidad de repensar el modelo turístico andaluz para que este no tenga tanto impacto en la economía andaluza y sí apostar por un modelo de turismo sostenible, en el que se apuesta por la vida y el medio: «tenemos que garantizar el turismo sostenible con el medioambiente».
El PP, en contra
El Partido Popular se aferra, en palabras del diputado Oblaré Torres, en que la tasa turística es un «impuesto encubierto» y que el gobierno de Moreno Bonilla se caracteriza por lo contrario, por lo que no pueden aceptarlo.
Del mismo modo, Torres ha asemejado las circunstancias que plantea Adelante Andalucía en la proposición de ley con los vecinos y vecinas que viven en las áreas metropolitanas de las capitales: «¿a que les parecería injusto cobrarles por hacer gastos de servicios en esos municipios?, pues lo mismo de injusto es que usted le pida a un andaluz que por hacer uso de su comunidad autónoma tenga que pagar un impuesto».
Por último, el diputado popular, obstinado en focalizar el debate en el Gobierno central, ha defendido que tiene que ser el Estado quien, a través de una reforma de la Hacienda Local, establezca una tasa turística para que los «municipios que lo deseen puedan establecerla, de manera libre y sin ningún tipo de imposición».
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
