El pasado miércoles 3 de mayo, el Parlamento de Andalucía convalidó, con los únicos votos favorables del Partido Popular, el Decreto-ley 2/23 para la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. Esta convalidación ha contado con los votos en contra de los tres partidos de la izquierda: PSOE, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, y la abstención de Vox.
La creación y aprobación de esta Agencia de Seguridad es, en palabras del Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, «un asunto estratégico para Andalucía». El consejero reiteró la importancia que supone para el gobierno andaluz la creación de esta agencia, ya que supone una «prioridad dar la mejor respuesta posible a las emergencias de cualquier tipología que puedan suceder en el territorio».
Hay que destacar que la creación de esta Agencia se ha tramitado vía decreto-ley, no como proyecto de ley, algo que habían reclamado los grupos políticos en la oposición para que pudieran aportar y participar en el proceso.
Así lo explica José Aurelio Aguilar Román, diputado del PSOE-A, crítico con las formas del partido de gobierno, que ha impedido que «los demás partidos políticos» puedan «realizar aportaciones para mejorar esta ley». «Simplemente lo que viene a constatar esto es la forma de ejercer la política que tiene Moreno Bonilla, que tiene un talante conciliador pero que a la hora de la verdad impone su criterio con la mayoría absoluta».
De este modo, el diputado socialista explicó que en el momento en el que el Infoca pasa a la Presidencia, y «por tanto, gran parte del personal que presta los servicios de prevención deja de estar en la Agencia de Medioambiente y Agua, nos encontramos con que los servicios de prevención que estaban prestándose en esta agencia, no va a tener el personal para poder atenderlo». Así, lo que temen desde el grupo socialista es que «pueda servir de excusa para privatizar y externalizar estos servicios de prevención de incendios».
Por último, Román considera que la solución pasa por «apoyar al Infoca, que tiene una historia de éxito». «¿Tenemos que modernizar el Infoca? sí; ¿tenemos que atender las demandas de sus trabajadores? sí; ¿tenemos que adaptar el Infoca a los incendios de nueva generación? sí; pero sin separar la prevención y extinción de incendios que, a nuestro juicio, es básico para la lucha contra el fuego», concluyó.
Sanz asegura que no habrá «ningún tipo de privatización»
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía acusó al PSOE de ir a provincias a «meter miedo» sobre este asunto de «manera irresponsable, porque faltan a la verdad». «Mientras yo ocupe este puesto», continuó, «y el gobierno siga presidido por Juanma Moreno, no habrá ningún tipo de privatización de recursos en materia de privatización civil, de emergencias o de incendios forestales, que les quede claro. Porque si esto fuera así, yo no estaría de consejero», finalizó entre aplausos de la bancada popular.
Sanz aprovechó los 20 minutos de exposición para hacer gala de una de las expresiones de moda en la política española: «diálogo social», respaldándose en él para asegurar que este ley la apoyan los trabajadores y sus representantes. Además, señaló que esta ley, antes de ser aprobada por el Consejo de Gobierno, ya la conocían los sindicatos, con los que ha habido «dos reuniones clave». A estas reuniones hay que sumar la que se celebrará el próximo 8 de mayo con los trabajadores, según anunció el propio consejero.
José Manuel Gómez Jurado, diputado de Por Andalucía en el Parlamento, explicó que «son los propios servicios jurídicos otra vez quienes lo dicen, el proyecto que plantea el PP, que es mover trabajadores funcionarios de una agencia a otra, bordea la legalidad». Asimismo, el joven diputado arguyó que el gobierno de Moreno Bonilla «no para de monologar permanentemente», ya que pese a que «no pare de hablar de diálogo, ni ha hablado con los sindicatos, ni con los partidos».
Para Gómez Jurado, este texto «en ningún momento» habla del porqué de la «necesidad de crear una nueva agencia, más allá de una cuestión de juego de tronos dentro del gobierno de quitarle las competencias a medioambiente», ya que para Jurado, el «elefante que está en la habitación» es el de la privatización.
En este sentido, el elefante vuelve a aparecer en la habitación cuando, tal y como señala Jurado: «si no tienes interés de privatizarlo, no dices que dentro de las competencias de la consejería quedará abierto el espacio a los convenios con entidades privadas o con particulares para el trabajo de extinción de incendios».
Por su parte, el Consejero de Presidencia arguyó que la convalidación parlamentaria de este Decreto-ley 2/23, va a permitir que «desde el gobierno de Andalucía» se acometan de forma «definitiva, rápida y eficaz, la creación de tan necesaria entidad publica en forma de agencia de régimen especial y la obligatoria y muy necesaria actualización del plan Infoca a la vigente directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, así como el resto de la normativa aplicable».
Por último, Sanz destacó el incremento de un 27 % del presupuesto del Infoca, ascendiendo a un total de 223 millones. Además, según indicó el consejero, por primera vez habrá más recursos para la prevención que para la extinción de incendios: 125 millones y 98 millones, respectivamente.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
