Casi un 20 % más. Esa es la cantidad que el actual presidente andaluz, Juanma Moreno, y los 269 altos cargos que conforman el vigente Gobierno andaluz pasarán a percibir desde el presente curso político. La medida, aprobada en solitario por el PP de Andalucía, que ha aprovechado su mayoría absoluta en el Parlamento andaluz para ratificarla frente a la disconformidad del resto de grupos de la oposición, llega, además, con la carta de ser «de urgente necesidad» y reforma vía decreto de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta mediante.
La iniciativa, que introduce un nuevo cálculo de la retribución del máximo dirigente andaluz y de su séquito de centenares de profesionales de confianza, «equiparando» la remuneración de todos ell@s con las que perciben los portavoces parlamentarios, hará que Moreno eleve la cuantía económica que recibe hasta los 87.333 euros. Un salario más que considerable que supone un incremento del 18,8 % frente a los 71.167 que ingresaba hasta la fecha y que le colocará en una posición salarial cercana a la del propio presidente español, Pedro Sánchez, cuyos honorarios en 2023 eran de 90.010 euros. Los 269 altos cargos del Ejecutivo autonómico, por su parte, verán acrecentados su sueldo un 15 % de media.
La convalidación de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz dando luz verde a la subida de la retribución de Moreno y de su equipo, se produce, además el mismo día que en el Senado el Partido Popular ha votado en contra de los decretos anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez, que recogen preceptos como la subida de las pensiones, la rebaja de la factura de la luz y la gratuidad en el transporte público.
Antonio Sanz, consejero de Presidencia, argüía ante esta subida salarial que Moreno era el «segundo presidente autonómico peor remunerado, solo superado por el de Cantabria» y que el aumento remunerativo se mueve en cantidades «razonables». El resto de grupos parlamentarios no solo han afeado el fondo de este refuerzo salarial, también han condenado la «forma», a tenor de la reforma exprés de la ley de incompatibilidades implementada en pleno período navideño. La oposición política andaluza coincide en que el Gobierno «optó por una forma casi clandestina, un decreto ley navideño» y que se tramitase «de urgencia».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
