Pedro EstepaLas universidades públicas andaluzas toman algo de aire ante la alarmante infrafinanciación y el déficit presupuestario público que han adolecido durante los últimos años, y que prometía pasarles factura con especial incidencia en este 2026.
En la sesión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrada este pasado viernes, 17 de abril, la Junta de Andalucía y las universidades públicas pactaron un primer reparto presupuestario para el año 2026 que incluye una partida económica adicional de 37,5 millones de euros.
El plan presupuestario, cuya cifra global ascenderá a 1.825,7 millones de euros, de los que 1.788,2 millones estaban ya previstos en las cuentas andaluzas, ayudará a mitigar la implementación de ciertas actuaciones que ya se planteaban desde algunas de las universidades públicas autonómicas, como en la Universidad de Sevilla, donde la nueva rectora, Carmen Vargas anunció esta misma semana que aplicaría un “plan de ajuste” que contemplaría acciones como el cierre de centros por las tardes, la reducción de profesorado temporal o el incremento de la cantidad de alumnos y alumnas por aula.
El monto extra de 37,5 millones de euros irá destinado a cubrir diferentes conceptos reclamados ampliamente por las instituciones, como son la cuantía pendiente para el abono total de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y el 50 % del quinto tramo del complemento de actividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) del año 2025..
Asimismo, se ha establecido un mecanismo de auditoría conjunta entre las Universidades y la administración autonómica para determinar de forma exacta los costes reales de la plantilla universitaria y abonar la diferencia de ingresos no percibidos en virtud del cumplimiento íntegro de la cláusula de salvaguarda correspondiente a cada Universidad. Las universidades públicas andaluza demandan a la Junta de Andalucía que “dicha auditoría esté finalizada en el mes de julio, para que sus conclusiones se apliquen durante este ejercicio económico”.
Desde las universidades públicas de Andalucía han acogido “con satisfacción este avance en la aplicación efectiva del modelo de financiación vigente, que es la mejor garantía para el correcto funcionamiento del sistema universitario público andaluz (SUPA)”.
