Para la salud y calidad democrática de un sistema y, por consiguiente, de un territorio, que se vele por el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de este a recibir información veraz, amparado constitucionalmente en España en el artículo 20 de la Carta Magna, es imprescindible. Que esta tarea se cumpla, con el propósito último de que los individuos puedan adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos, ha de ser uno de los objetivos principales de las instituciones y de las administraciones.
Para Juan Espadas y para el PSOE-A, de hecho, que se efectúe verdaderamente esta máxima en territorio andaluz es clave. «Quiero escuchar y trabajar con las asociaciones de la prensa y colegios profesionales para que los códigos deontológicos de la profesión se apliquen y que la sociedad reciba una información contrastada, profesional e independiente», reconocía el líder de los socialistas andaluces el pasado 3 de mayo, aprovechando la efeméride del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en una entrevista concedida al programa ‘Despierta Andalucía’, de la radiotelevisión pública andaluza.
Pero este ímpetu del grupo socialista en aras de que se supervise el cumplimiento, en la praxis política, de este derecho democrático, recogido también en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y cuya garantía debe recaer en los poderes públicos, dista mucho de ser compartido por otras formaciones políticas, especialmente, en Andalucía, donde la Junta, copada, desde hace más de un lustro por el Partido Popular, es una «máquina de bulos diarios» que fomenta, precisamente, una de las principales amenazas contra las que han de lidiar los sistemas democráticos en la actualidad: la desinformación.
De este «fango» constante, algo saben en San Vicente. Tanto que se han visto prácticamente obligados a desarrollar un ‘aparato’ que detecte, sin descanso, al menos una pequeña porción de las mentiras cotidianas que vierten los populares desde la Administración andaluza -no tendrían suficiente tiempo para hacerlo con la totalidad- y al que han llamado ‘El Bulómetro Andaluz’. De hecho, cualquiera diría que los socialistas en Andalucía están a un solo paso de poder titularse como todos unos ‘fact-checkers’ -verificadores de hechos y/o noticias, en español-.
Mientras la receta para que los andaluces y andaluzas reciban información veraz es clara en el Grupo Socialista andaluz, que quiere «trabajar por proteger la libertad de prensa, apoyando la independencia de las y los profesionales y combatir los bulos y las informaciones falsas», como aseveraba el propio Espadas en Canal Sur TV, los fueros de sus homólogos populares se encuentran en las antípodas deontológicas, éticas e, incluso, constitucionales.
No es extraño pues que el PP-A maneje con sus tentáculos y a su antojo la dirección informativa de la cadena pública autonómica y que, ya en incontables ocasiones, el Consejo Profesional de RTVA, conformado por los trabajadores y trabajadores de ella, haya denunciado la burda «manipulación» y «parcialidad» de los servicios informativos y las precarias condiciones en las que realizan su trabajo los profesionales de la radiotelevisión pública andaluza.
Hoy, décimo día de campaña europea, justamente, el PSOE ha publicado el último de los bulómetros andaluces, una suerte de polígrafo que ha sido encabezado por el propio Juan y que ha repasado, de la mano de muchos y muchas de las principales dirigentes socialistas de la comunidad, entre ellos y ellas sus candidatos andaluces a ser eurodiputados, Lina Gálvez y Alejandro Moyano, el particular baúl de «bulos» lanzado en algo más de una semana de campaña por el Partido Popular andaluz.
De esta forma, la presunta contratación fija de profesionales sanitarios -cuya careta les ha quitado SATSE, contraponiendo la brevedad de esas contrataciones-; la promesa de apostar por impulsar un estatuto de la mujer rural en Europa de la, hasta hace poco, consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que se ha comprometido en Europa «de lo que no ha sido capaz de hacer en un lustro en Andalucía; o, la supuesta financiación extraordinaria para todas las universidades públicas, que ha chocado de frente con la denuncia de la Hispalense de no haber recibido cinco millones de euros para infraestructuras y de haber sido «excluida» del reparto de los 20 millones, de los remanentes propios de las universidades, recogidos para 2024 en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, han sido, , entre otras tantas cuestiones, las protagonistas de la última labor de chequeo de la veracidad de lo publicado por el PP en la comunidad.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
