Con el aniversario de la II República Española es inevitable pensar en las infinitas consecuencias que aún hoy arrastra nuestra sociedad. Una de ellas es, sin duda, las miles de víctimas del golpe de estado fascista y la posterior represión de la dictadura franquista.
Andalucía fue, indudablemente, una de las comunidades que más sufrió esta represión, desde el mismo momento en el que Queipo de Llano se alzó en el verano del 36 como el comandante del terror en Andalucía que se centró, especialmente, en mujeres y colectivos homosexuales.
Las cifras son demoledoras y hablan por sí solas: en torno a los 45.000 ejecutados por los golpistas; alrededor de 708 fosas comunes en Andalucía; más de 50.000 refugiados; 100.000 trabajadores esclavizados; más de 60.000 andaluces expoliados.
Estos datos y hechos son los que leyes como la Ley de Memoria Histórica y Democrática tratan de sacar a la luz y explicar, para honrar a las víctimas de una persecución política y criminal y que sufrieron las peores consecuencias. Para que estas víctimas sean honradas, o para que sus familias puedan hacerlo como es debido, se necesita voluntad política.
El Gobierno de Moreno Bonilla, desde que accedió al poder, no solo ha incumplido con algunos de los puntos más importantes de ella, como con su artículo 17, que establece un día de Homenaje a las Víctimas de la represión franquista, sino que, paulatinamente, va infrafinanciando sus presupuestos e imposibilitando que los Ayuntamientos puedan llevar a cabo trabajos de estudio y exhumación.
Así lo ha denunciado la Federación de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que afirma que el presupuesto para el nuevo plan cuatrienal que ha puesto en marcha la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte es un 47% menor que el del anterior plan de Memoria Democrática, que elaboró el PSOE.
Sin embargo, parece una tónica general en los gobiernos del PP desoír las cuestiones de Memoria Democrática. Así, el ejemplo más reciente es el que estamos viendo en las comunidades de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, donde tanto los populares como la extrema derecha, Vox, han registrado las polémicas proposiciones de ley de “concordia” contra la normativa estatal de memoria democrática.
Asimismo, el propio Núñez Feijóo se comprometió, el pasado verano, a derogar la ley de Memoria Democrática si accedía al poder, al considerarla una “vergüenza”. Opinión que comparte Aznar, que considera que la ley aplica un “franquismo al revés”.
En Andalucía, Moreno Bonilla aún es cauto, consciente de la represión que sufrió el pueblo andaluz y del papel político de moderado que está empleando. De hecho, cuando se presentó el II Plan de Memoria Histórica y Democrática del Gobierno Andaluz, culpó al Gobierno Estatal de no derivar las ayudas suficientes para destinar más partidas a este cometido.
Ley de Memoria Democrática de Andalucía
La Ley de Memoria Democrática de Andalucía se aprobó en 2017, y su artículo 1 la dice así
El objeto de esta ley es la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.3.24.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, en el período que abarca la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Periodista todoterreno especializado en comunicación política. Tratando de interpretar la actualidad con la mirada puesta en el sur.
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Codirector de Espacio Andaluz.
