La trama fraudulenta del Gobierno andaluz: 458 millones de euros troceados en contratos de 5.000, 15.000 y 30.000 euros a las mismas empresas para sortear la concurrencia competitiva

Más de 450 millones de euros troceados en cientos de contratos menores de 5.000, 15.000 y 30.000 euros a las mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros, con el mismo importe y por el mismo concepto, para sortear así los protocolos legales de publicidad y concurrencia competitiva y evitar así que otras empresas pudiesen competir a la baja con las entidades a las que iban destinadas estas adjudicaciones millonarias.

Así se las ingenió el Gobierno andaluz durante el curso 2021 en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén para licitar a un grupo concreto de entidades privadas que prestan servicios en materia sanitaria en la comunidad e intentar acreditar la concesión de partidas millonarias a dedo, para un total exacto de 458,3 millones de euros, “infringiendo la ley”.

El Ejecutivo de Moreno orquestó desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un entramado perfectamente definido de asignación de contratos públicos cuyo “modus operandi” fue el “fraccionamiento irregular” de estas adjudicaciones para “eludir nuevas licitaciones públicas y vulnerar el principio de libre concurrencia” y competencia entre compañías, según han desvelado la Intervención de la Junta, el órgano de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, y, posteriormente, elDiario.es.

El órgano de fiscalización de la Administración andaluza, que acusa, además, al SAS de «alterar» sistemáticamente el objeto de los contratos con el fin de «evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor que establece la legislación», considera que este «abuso» continuo y permanente durante el curso 2021 -el último de que se tienen datos-, ha podido tener, consiguientemente, dos consecuencias: por un lado, que la Administración andaluza haya podido elegir arbitrariamente y bajo su único designio a un puñado de empresas que han obtenido exclusivamente los beneficios de estas licitaciones, en perjuicio de otras que no tuvieron la oportunidad de concursar por esos mismos contratos: farmacéuticas, laboratorios, constructoras, firmas de tecnología clínica, de transporte, de pintura, etcétera

Y, por otro, soslayar la posibilidad de que distintas empresas compitan entre sí y presenten ofertas económicas a la baja para ganar el concurso convocado por la Junta de Andalucía, lo que, en último término, le hubiera supuesto un ahorro importante en estas asignaciones a las arcas públicas autonómicas.

 

Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).

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