Cristian López Domínguez«¿Para qué quiere un niño con autismo una PTIS, para que le enseñe a mover la lengua enfrente del espejo?»; «las vidas de estas familias giran en torno a esa hija o hijo único». Las anteriores son, respectivamente, dos polémicas (e infames) citas proferidas por el delegado educativo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, y por la mismísima consejera de Educación andaluza, la almeriense Carmen Castillo. Las víctimas, en ambas declaraciones, son las mismas: los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y sus familias.
Durante los últimos meses, las intervenciones públicas de altos cargos educativos de la Administración andaluza (PP), como las del dirigente sevillano (líder del Grupo Popular en el municipio de Osuna), o como la máxima responsable de la cartera educativa autonómica, han sembrado una cascada de reacciones en torno a los términos con los que se refería a los alumnos y alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y a la gestión educativa de estos y estas, inclusive las condiciones de contratación y laborales del personal encargado de la integración de estos niños y niñas, las y los PTIS.
Tanto, que la manifestación que tendrá lugar este próximo domingo 27 de abril en las calles de Sevilla (11:00 h, desde San Telmo hasta las Setas), se prevé que sea también el enclave propicio para que este ataque y esta «discriminación» a este alumnado, como no han dudado en calificarla numerosos AMPAS y asociaciones de alumnos con neurodivergencia, sean una punta de lanza importante contra la dirección y planificación educativa de la Junta.
Araúz fue el primero en echar leña (mucha) al fuego de la comunidad educativa, al menospreciar la utilidad y la función del personal de integración social (PTIS) y, de paso, las necesidades de niños y niñas con reclamos específicos. Y lo hizo delante de decenas de AMPAS del distrito Norte de la ciudad de Sevilla, obligando a estas asociaciones de madres y padres a emitir un comunicado (suscrito por hasta 16 de estas AMPAS) en el que denunciaban y condenaban públicamente los comentarios del delegado educativo sevillano.
El político del PP en la provincia de Sevilla llegó a sugerir en ese encuentro que las madres y padres parecían que querían tener «un profesor particular» para sus hijos e hijas, afeándoles, asimismo, que «no se puede pretender que cada niño tenga uno detrás de él».
Las bochornosas declaraciones de Aráuz fueron extendidas pocas semanas después por la propia consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, quien no contenta con el revuelo originado por uno de sus altos cargos, quiso avivar aún más el enojo asegurando que la demanda de más recursos para este alumnado con necesidades educativas especiales responde a un excesivo ‘proteccionismo’ (por llamarlo de algún modo) de las familias de estos y estas, «cuyas vidas giran en torno a esa hija o hijo único».
Esta afirmación provocó que solo días después la comunidad educativa pidiese su dimisión y/o destitución al unísono, exhortando al presidente andaluz, Juanma Moreno, y al ente público, a que no siguiese ni un solo minuto más en su cargo. Cosa que finalmente no ha ocurrido, una máxima de los gobiernos del PP, que nunca depuran responsabilidades (y no solo en Andalucía).
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
