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Segundo ‘ataque’ de la Junta contra el alumnado con necesidades especiales en una semana: hasta 40 niños de uno de los colegios que pretende cerrar en Sevilla son neurodiversos

La Junta de Andalucía ha vuelto a colocar al alumnado de necesidades especiales (y a sus familias, por ende) en el ojo del huracán educativo que viene implementando durante los últimos años, de la mano de la gestión del vigente Gobierno autonómico (PP). La última decisión de la Consejería de Desarrollo Educativo de cerrar dos centros de enseñanza de Sevilla cuya titularidad es pública (precisamente, de la propia Administración andaluza) ha propiciado que nuevamente sean los niños y niñas con necesidades específicas (y sus familiares) los principales damnificados y damnificadas.

La razón no es otra que la naturaleza del alumnado de uno de los colegios que el ente público pretende clausurar en la capital hispalense. El CEIP San Ignacio de Loyola, cuyas madres y padres hoy mismo se han concentrado en la puerta de la escuela para reclamar que la Junta recule en sus intenciones, al nítido grito de «no se cierra», contempla un total de 40 alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales (NEAE) de los 120 a los y las que instruye. Es decir, un tercio del alumnado de este centro presenta algún tipo de neurodiversidad.

El que es un «problema» para muchos otros colegios, como han reconocido algunas madres y padres que se han dado cita para protestar (y que han sufrido alguna vez estos obstáculos), no lo es en absoluto para este CEIP, cuya comunidad neurodiversa ha ido aumentando durante la última década precisamente por la capacitación de toda la comunidad educativa que lo forma a la hora de sensibilizarse y saber adecuarse a las necesidades específicas que presenta estos alumnos y alumnas neurodiversos. Especialmente, por la formación de los profesionales educativos con los que cuenta (e incluso, de los propios empleados de mantenimiento y servicios técnicos del colegio). «Estamos consiguiendo nuevos niños gracias a nuestro programa de integración», ha confesado Inmaculada Bermúdez, madre de dos hijos, uno de ellos, de 4 años, con autismo de grado uno.

Justamente esta madre ha insistido, como también lo han hecho otras muchas muchas de alumnos con neurodiversidad, en que de darse finalmente la fusión de los dos centros de enseñanza que pretende clausurar la Junta, el de su hijo y el CEIP San Juan de Ribera (próximo al San Ignacio de Loyola), «si la especialista de mi niño [PTIS], de la que «está en juego su puesto de trabajo», puesto que Desarrollo Educativo no ha informado aún de cómo gestionará la continuidad del personal de uno y otro centro en una hipotético unión de ambos, «no vienen con nosotros, no nos iremos tampoco».

Esta joven, como su amiga Andrea Lara, también madre de un alumno neurodiverso del centro, Aarón, de 4 años recién cumplidos, saben que sus hijos, solo con «el simple hecho de que vayan al colegio y no esté el portero en la puerta, ya les provocan sendas crisis». Por consiguiente, el impacto que tendría el cambio de colegio sería tremendo, puesto que «le quitarían su profesora, su especialista, su rutina, cambios de compañeros…». En definitiva, «la muerte para él», como ha sentenciado.

Cabe recordar que hace solo una semana, el delegado de la cartera educativa en Sevilla, Miguel Ángel Araúz (presidente del Partido Popular del municipio sevillano de Osuna), profería varias declaraciones cuanto menos bochornosas sobre las necesidades de alumnos con neurodiversidad, llegando a cuestionarse incluso delante de las y los representantes de las AMPAs de los colegios del distrito norte de la localidad de Sevilla que «para qué quiere un niño con autismo una PTIS [el personal técnico encargado de ayudar en la inclusión de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)], «¿para que le enseñe a mover la lenga enfrente del espejo?».

Las palabras provocaron que decenas de miles de voces en la provincia y en toda Andalucía hayan pedido su dimisión o cese automático, entre ellas la Plataforma Neurodiverso de Málaga, un colectivo compuesto por familias cuyos hijos e hijas presentan algún tipo de necesidad educativa especial.

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