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Alejandra Durán (Por Andalucía) advierte de los riesgos de la privatización de la FP en Andalucía: «Un grado de FP privado cuesta 6.000 y 9.000 euros y el 57 % de los hogares andaluces no llega a fin de mes»

La Formación Profesional impartida en centros privados ha encontrado su nuevo nicho de negocio en Andalucía. Auspiciada por un Partido Popular andaluz que goza de mayoría absoluta en la comunidad, lo que le permite legislar a título y gusto de estas escuelas de capital privado, el número de alumnos y alumnas se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando en este tiempo el territorio de concebir 20.300 estudiantes matriculados en la FP privada a 41.000 en la actualidad -y eso solo en mayo, antes de que estos y estas se matriculasen para el vigente curso académico-.

Esta vertiginosa proliferación de las plazas para FP en centros privados, unida al importante recorte de plazas públicas en este ciclo educativo, está ocasionando que uno de los elementos que vienen a garantizar la dinámica del ascensor social en la comunidad, la que mayor tasa de pobreza y exclusión social concentra en España, el de la formación, se vea directamente atentado, como advirtió la pasada semana la parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán.

En rueda de prensa, la política granadina alertó de los riesgos que supone la privatización de la FP en Andalucía, en la que «el 57 % de los hogares no llega a fin de mes», puesto que un grado de FP privado cuesta «entre 6.000 y 9.000 euros», lo que aboca a razones económicas el acceso a una óptima formación y al, por ende, desarrollo de la vida para muchos andaluces y andaluzas y «deja a fuera a muchas familias que no pueden pagársela».

Durán ha subrayado pues el «daño» que el presidente andaluz, Juanma Moreno, anda perpetrando a la educación autonómica favoreciendo este modelo público-privado, cuyos resultados ya están comenzando a ser visibles ya que «uno de cada cuatro alumnos de FP ya es de pago» en estos momentos en la comunidad. Más si cabe, como apunta, teniendo en cuenta que tras este tipo de centros en numerosas ocasiones se esconden fondos de inversión y «empresas pirata» que «vienen a hacer negocio a base de nuestros y nuestras jóvenes».

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