En política, las medidas promulgadas y secundadas por los partidos son la forma más simple y evidente de contemplar los intereses que guardan unas u otras formaciones. Partiendo de dicha máxima, no deja de ser paradójica la dinámica vislumbrada este pasado miércoles en torno a la subida sueldo del presidente andaluz, Juanma Moreno, y la aprobación del paquete de medidas anticrisis presentado por el Gobierno de España para paliar los nocivos efectos para los hogares de la tensión inflacionista, todavía presente. El Partido Popular consideraba que, si bien el aumento salarial en más 16.000 euros -un 18,8 % más- del actual jefe del Ejecutivo autonómico era «de urgente necesidad», decreto-ley mediante, el conjunto de medidas anticrisis planteado por el Gobierno de la nación merecía ser rechazado.
Durante dicha jornada y, simultáneamente, dos escenarios con una mecánica ciertamente similar, el Parlamento andaluz y el Congreso de los Diputados, se disponían a aprobar sendas iniciativas legislativas. En el primero de ellos, en la sede del autogobierno andaluz, solo los votos favorables del PP de Andalucía ratificaban la primera de las medidas: la subida salarial del líder de los populares y de 269 altos cargos del Gobierno andaluz. Lo hacían, además, tildando de extrema urgencia la propuesta, tramitándola en plenas fechas navideñas -con la Cámara andaluza inhábil- y pese a la disconformidad de todos los grupos restantes del hemiciclo andaluz. Es decir, no era fruto de la arbitrariedad y/o inconsciencia, sino que era meditado.
El decreto reformaba así de manera exprés la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, equiparando la remuneración de todos ellos y ellas con las que perciben los portavoces parlamentarios, consiguiendo que Moreno eleve la cuantía económica que recibe hasta los 87.333 euros -un 18,8 % más que hasta ahora- y que los 269 profesionales de alto rango populares vean acrecentado su salario un 15 % de media.
En la Congreso de los Diputados, por su parte, los diversos grupos congresistas votaban en un pleno extraordinario la convalidación de los tres reales decretos aprobados por el Ejecutivo central a finales de diciembre y que constituían el llamado plan anticrisis, un compendio de nada menos que 5.000 millones de euros en medidas contra la crisis inflacionista que azota a el conjunto del planeta y que integraba, entre otros, importantes políticas de naturaleza social como la subida de las pensiones, el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la reducción de la factura de la luz.
Este ‘escudo social’, sin embargo, de imperiosa necesidad para la amplia mayoría de los hogares españoles, encontró el ‘no’ del Partido Popular, votando en contra. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, alegaba que su partido no arreglaría «los problemas internos del desgobierno», en alusión a la falta de apoyos que en un principio creían que tendrían los socialistas, que finalmente sacaron adelante el también tildado como decreto ‘ómnibus’ tras reunir un total de 172 votos a su favor, por los 171 en contra -y siete abstenciones-.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
