«Qué importante es el aceite para la economía de Andalucía y qué importante es consumir buen aceite para nuestra salud». En estos términos se expresaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en 2019, durante una entrevista con el director y responsable de producción, calidad y seguridad alimentaria de la cooperativa de aceite de oliva Picualia, localizada en Bailén (Jaén). Cinco años después, y de cara a un día de vital importancia para poner en valor precisamente todo lo que genera Andalucía, cualitativa y cuantitativamente, el Gobierno andaluz ha decidido descartar hasta a cinco empresas oleícolas, la mayor parte de ellas afincadas precisamente en la provincia jiennense, para acabar adjudicándole el reparto del aceite en los colegios andaluces con motivo del 28F a la única entidad que no lo era, la Plataforma Femar S.L, una distribuidora de alimentos.
Una empresa, para más inri, que, como ya reveló ayer Espacio Andaluz, fue penalizada el pasado mes de noviembre por la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, con cuatro multas que superan los 4.000 euros por entregar alimentos en mal estado en residencias infantiles. y que ya estuvo antes en el ojo del huracán por distribuir comida deteriorada en residencias de mayores. Esta sociedad, además, tiene en tramitación un expediente sancionador de la Comisión de los Mercados y la Competencia por repartirse licitaciones de suministro de alimentos a colegios, residencias y cárceles, lo que en la práctica vendría a incurrir en el funcionamiento de la entidad como cártel, desarrollando prácticas restrictivas de la competencia.
La propuesta de la Plataforma Femar, una empresa radicada también en la comunidad, concretamente en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, y especializada en la distribución en toda España de productos de alimentación general y congelados -llegando incluso a gestionar hasta hace unos meses el servicio de cafetería del Parlamento de Andalucía, como desvela elDiario.es-, tan solo suponía un alivio de 2.000 euros en las arcas públicas andaluzas en referencia a la opción que finalmente quedó segunda. La mesa de contratación le otorgó 80 puntos frente a los 62,74 de su competidora siguiente, una valoración en la que, sin embargo, pesó importantemente la propuesta económica -amén de que esta también incluya aceite de producción ecológica-.
Ahora, el contrato para la compra y distribución de aceite en los centros escolares de la comunidad estipula que esta entidad adjudicataria tiene que repartir 36.000 botellas de cristal de medio litro de aceite de oliva virgen extra de una denominación de origen protegida para hacerlos llegar a 10 destinos: los Servicios Centrales, las ocho delegaciones territoriales de la Consejería de Agricultura y la sede central de la Consejería de Desarrollo Educativo.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
