Ni 1.500 llamadas. 1.477 para ser exactos. Ese es el cómputo global que el teléfono de violencia intrafamiliar en Andalucía, la medida que abraza la tesis negacionista de que la violencia de género no existe, sino que solo se produce violencia en el seno familiar, ha recibido desde que fuese puesta en marcha por PP y Vox en Andalucía, en octubre de 2020, y hasta el pasado mes de junio de 2023. Una cifra que deja en poco más de una llamada al día su promedio de recepciones y que no supone ni la mitad de las registradas en un mes por el teléfono de atención a las mujeres en Andalucía, cuya suma es de 3.359 al mes. Pese a ello, el PP de Andalucía, ya con mayoría absoluta, se niega a erradicar esta medida.
El teléfono fue una de las exigencias que Vox puso en 2019 sobre la mesa, dentro de su batería de medidas ideológicas, para la formación ultraconservadora respaldase los primeros presupuestos elaborados por el entonces prácticamente imberbe gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Una iniciativa que el PP andaluz, ya en solitario, dada la mayoría absoluta de la que goza en la presente legislatura, ha querido mantener y hacer suya, pese a la baja cantidad de llamadas que registra al año en comparación con otros servicios que ya existían, como el teléfono de Atención a Mujeres en Andalucía (900 200 999) o el de Atención a Personas Mayores (900 858 381).
De hecho, la propia consejera informó de que, para más inri, del total 1.477 llamadas anotadas desde 2020, solo 237 fueron atendidas de manera directa por este teléfono de violencia intrafamiliar, mientras que las restantes 1.240 fueron derivadas a alguno de los otros servicios citados con anterioridad, especialmente el teléfono del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) -955 005 010-, que asumió 805 de estas recepciones derivadas. De las restantes, 133 fueron atendidas por el Teléfono de Atención a las Personas Mayores (900 858 381); 120 por el teléfono de atención a la infancia, otras 75 por el Teléfono Andaluz de Atención a Mujeres (900 200 999), 63 por el teléfono de Información sobre Discapacidad (900 555 564), y tres fueron derivadas al teléfono 112. Otras 41 llamadas fueron derivadas a «otro ámbito de actuación» que no se precisa en la respuesta escrita de la consejera.
Pese a que las cifras justifican, por tanto, la reiterada petición por parte de asociaciones feministas y formaciones políticas de la oposición de eliminación de este servicio, que intenta invisibilizar problemáticas de profundo calado, con especial relevancia en la comunidad andaluza, que cerró el pasado curso siendo nuevamente el territorio español donde más víctimas de violencia de género se contaron, desgraciadamente, el Gobierno andaluz y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, sigue reafirmándose en la utilidad de la acción.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
