Cuatro son ya las denuncias por posible corrupción que rodean durante los últimos meses al Ejecutivo andaluz, liderado por Juanma Moreno, ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Dos de ellas, de hecho, han sido interpuestas por PSOE-A y Adelante Andalucía esta misma semana, tras la revelación de una presunta «actuación irregular» por parte del director de Gestión del Turismo y del Deporte, Lisardo Morán, que en octubre de 2023 contrató desde la Junta con su anterior empresa, de la que fue directivo hasta pocos meses atrás, por valor de 350.000 euros, y, por otro lado, el fichaje por la aseguradora privada Asisa del exviconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, entidad a la que destinó a dedo un montante de 43,6 millones de euros entre 2021 y 2023 durante su dirigencia en el SAS.
Estas dos requerimientos más recientes se unen a los que ya habían sido presentados previamente por el propio Grupo Socialista y por Por Andalucía, y ponen en severo entredicho la praxis gestora y la correcta utilización del caudal económico del que disponen las arcas públicas andaluzas de la mano de los populares. El PSOE-A ya recurrió a Antifraude, hace meses, tras conocer que el actual director general de Pesca de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, había concedido ayudas a sus familiares directos a través de dos empresas de las que él mismo había sido propietario -y que ahora pertenecían a dos de sus hermanos- y en las que participaba en la dirección.
La denuncia de los socialistas permitió que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción procediese, tras analizar el caso, a incoar un procedimiento sancionador a Martínez Malia tras haber constatado que, en efecto, existían indicios de «incompatibilidad» en la adjudicación de estas ayudas desde la administración autonómica a las dos entidades pesqueras Pesquerías Quintino SL y Carabina y Farruco. Antifraude consideró, además, que este alto cargo de Moreno ni se abstuvo ni se inhibió en estos procedimientos de subvenciones públicas concedidas a los tripulantes de estas empresas, con los que el investigado guarda relación de parentesco de segundo grado de consanguinidad -hermano/a- y que estas transferencias incurrieron en un «conflicto claro de intereses» entre el susodicho, Administración y entidades beneficiarias de las ayudas.
Por Andalucía, por su parte, llevó a Antifraude la subvención de 275.000 euros que la Junta de Andalucía otorgó «a dedo» a la Fundación Destino Rocío, que preside el cantante José Manuel Soto, sin haber demostrado [esta] actividad previa» alguna y «que, por el momento, ni de lejos, con lo que se ha hecho», se justifica. Esta coalición de izquierdas andaluza, que no tuvo reparos a la hora de calificar, «desde el principio», a la citada fundación «fantasma» como un «chiringuito», tras haber hecho un seguimiento durante unos meses de su evolución, apenas evidenció «una web raquítica» y que en sus redes sociales ha recurrido para ilustrarlas a «un banco de imágenes».
De este modo, será ahora la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, una institución, como ha desvelado Público, adscrita al Parlamento de Andalucía, creada durante la pasada legislatura -a iniciativa de Ciudadanos- y que debe tener un papel como ente independiente -como pueden serlo también el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas-, aunque todo depende en la práctica de cuál cómo opere, la que investigará y aplicará la ley de incompatibilidades andaluza, mediante la que podría llegar a pedir, llegado el caso, el cese de algún alto cargo, o que el caso sea derivado a los tribunales de justicia.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
