El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos mayoritarios de la región, CCOO, UGT, CSIF y Satse, para excluir la atención primaria de la orden de tarificación aprobada hace tres meses y que contemplaba que las consultas de esta especialidad, por primera vez en la historia, podían ser derivadas a empresas privadas (en «momentos críticos») bajo el pago de 65 euros por servicio.
No ha sido fácil, ahora bien, que la Junta de Andalucía reculase. Más de setenta y cinco días y hasta seis reuniones de la mesa técnica han sido necesarias para que el SAS, liderado por Catalina García, decidiese ofrecer a los sindicatos esta rectificación y pactar esta avenencia con estos grupos en la mesa técnica celebrada este miércoles. La resistencia del Gobierno andaluz a sacrificar el intento privatizador que escondía para con la atención primaria ha sido ardua. Tal es así que la máxima mandataria de Salud Pública y Consumo, contraria a certificar públicamente -en su intervención con los medios- la defunción de este propósito, ha reiterado que «en ningún momento» la Administración pública andaluz pretendía privatizar esta especialidad y que la Consejería tan solo se ha limitado a «suprimir el término ‘primaria'» de la norma.
Esta enmienda de la Junta, sin embargo, no llega solo motivada por la presión ejercida por los principales grupos sindicales, que habían sumado numerosas semanas de huelga en el sector. La medida, sin precedentes en Andalucía, puesto que hasta ahora no había existido regulación al uso por parte de entidades privadas de servicios médicos públicos, había causado verdadera conmoción social en la comunidad y había inducido a la movilización masiva de la sociedad andaluza contra el anuncio del Ejecutivo regional de externalizar algunos de los servicios públicos sanitarios, especialmente los referentes a esta atención primaria.
(AVANCE)
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
