El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la Plaza de España

El alcalde de Sevilla perimetrará la Plaza de España para cobrar entrada a los turistas

La icónica Plaza de España sevillana podría estar disfrutando de los últimos coletazos como lugar de acceso libre para aquellos residentes y visitantes de la capital hispalense. El alcalde de Sevilla ha hecho público durante el día de hoy su propuesta de perimetrar y cerrar la obra culmen del celebérrimo arquitecto local Aníbal González con el objetivo de cobrar una entrada a los turistas para acceder a ella, a la que podrán recalar, ahora bien, los vecinos de la ciudad y de los municipios de la provincia sevillana de manera gratuita.

La noticia, argüida por el propio Sanz bajo el interés de «financiar» con lo recaudado «su conservación» y «garantizar su seguridad con un servicio de vigilancia las 24 horas», supone la enésima decisión tomada por el primer edil sevillano que genera controversia en los solo nueve meses que lleva de mandato en el Consistorio local. Y es que la propuesta esbozada por el máximo mandatario del Ayuntamiento de Sevilla ha suscitado estupor generalizado entre la población hispalense, acostumbrada históricamente a transitar por este tesoro único de la arquitectura regionalista y lugar de paseo habitual para vecinos y vecinas del entorno más cercano.

Precisamente, en ese malestar extendido se ha situado la oposición política del líder de los populares, donde el anterior alcalde y portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha calificado el afán de «privatizar» -término en el que ha profundizado Ismael Sánchez, de IU, condenando que «si el PP pudiera, cobraría hasta por respirar»- el espacio público de la Plaza de España de «ocurrencia» de Sanz, una teoría muy similar a la que ha esgrimido la número uno de Podemos en el Consistorio, Susana Hornillo, que ha insta al alcalde a que «si tanto le preocupa la conservación» de este renombrado enclave, «que empiece prohibiendo los eventos que la destruyen». Adelante Andalucía, por último, ha hecho propia la demanda de que se apruebe la «tasa turística» que la organización ha pedido en multitud de ocasiones a nivel autonómico para evitar «privatizar el patrimonio público».

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