El migrante de Schrödinger se inmortaliza en la tesis de la derecha más racista y reaccionaria que defiende que mientras los migrantes nos roban el Estado de Bienestar sin contribuir al mismo, simultáneamente son aquellos que usurpan y le quitan el trabajo a los españoles.
Todos recordamos aquel cartel que sacó Vox, donde atribuía que el Estado daba 4700 euros a los MENAs, mientras que la pensión de las personas mayores llegaba a 426 euros. ¿Qué hay de realidad en todo esto?
La verdad es que no hay ni un ápice de verdad en todo ello. Los migrantes para poder acceder a ayudas, más allá de los servicios básicos, necesitan regularizarse, lo cual puede llegar a ser incluso un calvario para ellos. Es más, las propias ayudas en España no se dan por nacionalidad, sino por criterios socioeconómicos, como el nivel de renta. Atendiendo a la propia Ley de Extranjería, en su artículo 14, recita como los extranjeros, cualquiera sea su situación administrativa, tienen derecho a servicios y prestaciones sociales básicas.
Atendiendo a ese caso concreto, la pregunta del millón sería: ¿de dónde viene el dato? La respuesta vuelve a mostrar las costuras de esa afirmación, ya que sale de un contrato de la Comunidad de Madrid con una Fundación para el acogimiento temporal por 6 meses, con un total de 448448 €, que se materializa en 16 plazas y al mes cada plaza sería 4671,33 €. Además, la propia fundación, Diagrama, defiende que esa concesión, no es un sueldo que esté a disposición para el menor.
El único ápice que puede haber de verdad en esto, es que, según el INE, el 21,7% de los españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019. Al mismo tiempo, se encontraban en la misma situación el 46,2% de la población extranjera de origen europeo y el 54,2% de la población extranjera de origen no comunitario. Por lo que lo único que representan estos datos, es que al haber un mayor porcentaje de pobreza en esos grupos, su representatividad en las ayudas puede ser mayor, lo cual sigue siendo un deber del Estado, según la Ley de Extranjería, ley promulgada, por cierto, siendo presidente José María Aznar, del PP.
Analizando la otra cuestión de la paradoja, sobre si verdaderamente los migrantes le quitan el trabajo a los españoles, los datos vuelven a desmentirlo. Según el INE, en 2021, los extranjeros en España representaban el 11,25 % de la población. En el mercado laboral, los afiliados a la Seguridad Social extranjeros eran el 10,86%. Cifra muy pareja con el nivel de representatividad de la población. Es más, debido a la evolución de la pirámide poblacional en España, se estima que serán necesarios una media de 270 mil migrantes al año hasta 2050 para poder sostener el sistema de pensiones.
Por lo que no, la solución al problema migratorio no es el racismo y la difusión de bulos. La solución es una política integradora que fomente la migración legal, regulada y que permita una oportunidad real de incorporación a nuestra sociedad.
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