Cristian López DomínguezLa trama orquestada desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la adjudicación a dedo de contratos millonarios a clínicas privadas entre los cursos 2021 y 2024 sigue sumando nuevos imputados en las dos causas judiciales que la investigan, desde hace unos meses, en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz y su togada titular, Rosa María García, han llamado a declarar como investigado al director económico de compras del SAS en esa provincia, Demetrio González, que había sido citado, en principio, solo «en calidad de testigo» el próximo 28 de abril (dejando sin efecto esta anterior citación).
González es el cuarto alto cargo del Gobierno andaluz imputado en la causa que indaga en estas licitaciones de cientos de millones que fueron otorgados a centros sanitarios de titularidad privada, de manera discrecional, siguiendo fórmulas como el fraccionamiento masivo de contratos (como en la causa que examina el juzgado gaditano) o haciendo uso de marcos ya derogados entonces y «al margen de la ley» (como ocurre en el caso de las contrataciones examinadas por su homólogo en Sevilla), tras las de los tres últimos gerentes del SAS (Valle García, la actual máxima encargada, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas).
Las pesquisas realizadas se encuentran inscritas dentro del marco de actuación judicial seguido tras la denuncia presentada por la formación Podemos Andalucía por el troceo irregular de contratos efectuado por el máximo órgano sanitario andaluz durante el año 2021 en cuatro provincias andaluzas: Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva (siendo solo en la provincia gaditana en la que la agrupación ha tenido constancia hasta la fecha de la apertura de diligencias en sede judicial).
Ese curso, 2021, el SAS fraccionó 458,3 millones de euros en cientos de contratos menores de 5.000, 15.000 y 30.000 euros a las mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros, con el mismo importe y por el mismo concepto, para sortear así los protocolos legales de publicidad y concurrencia competitiva y evitar así que otras empresas pudiesen competir a la baja con las entidades a las que iban destinadas estas adjudicaciones millonarias.
Solo en Cádiz, la concesión desde el Ejecutivo autonómico a clínicas privadas recurriendo a este «modus operandi» con el que se eludía así los protocolos habituales de publicidad y libre concurrencia competitiva ascendió a 235 millones de los más de 450 mencionados, optando por este fraccionamiento indebido y multitudinario en el 93 % de las contrataciones del SAS en esta provincia entre enero y diciembre de dicho año.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
