La privatización encubierta efectuada durante los últimos seis años por el Gobierno de Moreno de la sanidad andaluza, con adjudicaciones milmillonarias a dedo a clínicas privadas (muchas de ellas a través del fraccionamiento irregular de contratos, que ahora son investigados ya en los tribunales por presuntos delitos como el de malversación de caudales públicos) y su maltrato, a la par, al sistema sanitario público andaluz han comenzado a pasarle factura, y con fuerza, al máximo dirigente autonómico.
Esta mañana, la que debía de ser una plácida y primaveral mañana de martes para Juanma Moreno al inaugurar el nuevo centro de salud La Alameda, de titularidad pública, en la localidad de Jaén se ha tornado, sin embargo, en el epicentro de una concentración de jiennenses que han recibido al líder del PP en Andalucía bajo la siempre aciaga música de los abucheos y los pitos nada más salir del coche oficial.
Teniendo como claro precedente inmediato la histórica manifestación que tuvo lugar este mismo sábado pasado (5 de abril) en las calles de Sevilla, donde llegaron a congregarse más de 60.000 personas procedentes de toda la geografía andaluza con un mensaje contundente contra el «desmantelamiento de la sanidad pública andaluza» perpetrada a manos del Ejecutivo del PP en la Junta, el gentío congregado en el entorno de este nuevo centro hospitalario jiennense ha querido replicar exactamente lo mismo, clamando a Moreno con que no riegue de más dinero público a la privada y fortalezca el sistema público autonómico: «¡No más dinero a la privada!», le reprochaban.
Estos abucheos llegan, además, solo un día después de que se confirmase que la trama orquestada desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la adjudicación a dedo de contratos millonarios a clínicas privadas entre los cursos 2021 y 2024 haya sumado un nuevo alto cargo del Gobierno andaluz imputado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz y su togada titular, Rosa María García, han llamado a declarar como investigado al director económico de compras del SAS en esa provincia, Demetrio González, que había sido citado, en principio, solo «en calidad de testigo» el próximo 28 de abril (dejando sin efecto esta anterior citación).
González es el cuarto alto cargo del Gobierno andaluz imputado en la causa que indaga en estas licitaciones de cientos de millones que fueron otorgados a centros sanitarios de titularidad privada, de manera discrecional, siguiendo fórmulas como el fraccionamiento masivo de contratos (como en la causa que examina el juzgado gaditano) o haciendo uso de marcos ya derogados entonces y «al margen de la ley» (como ocurre en el caso de las contrataciones examinadas por su homólogo en Sevilla), tras las de los tres últimos gerentes del SAS (Valle García, la actual máxima encargada, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas).

Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).