Muchísimo. No hay superlativo posiblemente que defina con mayor concreción lo que se juega Andalucía y los andaluces y andaluzas el 23 de julio. Los resultados que arroje este inminente envite electoral marcarán, con especial acento -dada la desventajosa situación estructural, aceptémoslo, que poseemos todavía desde el sur de España-, las condiciones y, con ello, las posibilidades de desarrollo y crecimiento de la comunidad andaluza no solo de cara a los próximos cuatro años de nueva legislatura, sino con vistas al fin de la presente década de los veinte. La cuestión es clara: seguir progresando como se ha hecho durante los últimos cuatro años −aun cuando la propaganda centralista-conservadora contamine todo espacio comunicativo y/o de opinión haciendo creer lo contrario−, por más que insuficiente que aún sea el avance logrado −recordemos que Roma no se construyó en un día y la verdadera política es largoplacista en sus planteamientos y, por consiguiente, en recoger sus deseados frutos− o retroceder lo vencido en cuanto a prácticas, nostálgicas para muchos, de explotación y abuso laboral y brecha y discriminación salarial se refiere en nuestro territorio.
Las políticas desarrolladas por el Gobierno de coalición durante la presente legislatura (fundamentalmente en materia social y laboral), pese a haberse visto forzado a sortear grandes obstáculos con los que se ha topado en ella −cabría preguntarse qué probabilidades hay de que una pandemia y un conflicto bélico coincidan en un mismo mandato− han venido a limar y a suavizar el impacto que el propio sistema capitalista, asimétrico y abocado a la más absoluta de las desigualdades si no es gestionado eficazmente en nombre de la justicia y equidad sociales desde las instituciones públicas (más si cabe, teniendo en cuenta el reparto territorial desigual que caracteriza al mapa nacional), inflige desde hace décadas en una comunidad ya mermada históricamente pese a la incalculable riqueza natural, humana, patrimonial y cultural que atesora.
El importantísimo descenso del paro que ha lucido en toda España, merced a esa reforma laboral tan cuestionada por los sectores ‘liberales’ de nuestro país por ir, precisamente, en favor de los intereses y derechos de los trabajadores y en perjuicio, por ende, de las pretensiones de maximización de beneficios de empresarios -y patronales-, se ha visto todavía más acentuado en territorio andaluz, haciendo que Andalucía lidere por primera vez en muchísimo tiempo la creación de empleo y la disminución del desempleo. La comunidad, en estos seis meses de año, ha superado por primera vez la cifra récord de más de 3,3 millones de ocupados (3.327.500) y ha conseguido situar la tasa de paro en su nivel más bajo en 15 años (18,3 %), reduciendo la cifra de parados hasta los 765.600 que registra actualmente por primera vez desde octubre de 2008, gracias, en gran parte, al buen comportamiento del sector servicios −cómo no− y de actividades antes enquistadas como la industria.
La reforma laboral, elaborada conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos, liderada por la actual ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, y aprobada en el Congreso por la mínima pese a los votos contrarios de Vox y Partido Popular −que elevó su rechazo ante ella incluso al Constitucional−, también ha tenido una notable relevancia en otro de los problemas eternos que sufre Andalucía: la temporalidad. La contratación indefinida ha gozado en nuestro territorio de un vuelco favorable enorme cuando apenas se ha superado un año de la entrada en vigor de la mencionada reforma. En Andalucía, se ha pasado de contabilizarse un total de 287.947 contratos indefinidos en 2021 −según los datos que presentará este mismo viernes CCOO Andalucía−, al 1.430.758 que se anotaron en 2022. Por su parte, la temporalidad, una lacra en muchas de las actividades desarrolladas en la comunidad que ha martilleado sempiternamente las condiciones económicas y, claro está, también vitales de los andaluces y andaluzas ha descendido desde el 33,5 % que los sacudía en 2021 (llegó a ser incluso en 2019, antes de la conformación del Gobierno PSOE-UP, del 35,3 %), hasta el 28,2 % que consignase a finales del curso pasado −como atestiguan las propias organizaciones sindicales, cuyo papel en estos avances laborales ha sido igualmente destacado−.
La reforma laboral ha tenido pues numerosísimos beneficios en territorio andaluz que son incuestionables, como también es incontestable que, de haber estado presente en la dirigencia del Gobierno central una hipotética coalición entre Partido Popular y Vox, cualquier reforma laboral en favor de los trabajadores hubiera sido impensable, más si cabe durante y tras una pandemia, donde la recuperación económica de entidades bancarias, grandes eléctricas o distribuidoras y comercializadoras alimentarias hubiera sido para estos dos grupos políticos tremendamente más importante que la de los propios ciudadanos a los que ‘representan’.
El extractivismo y el expolio siguen siendo, indudablemente, todavía el principal de los males que subyace en Andalucía -cuántas urbes metropolitanas más allá de Despeñaperros y cuantísimas otras europeas siguen viviendo a costa de la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales andaluces, además, a precio irrisorio-, sí, pero qué menos que en ese peaje unidireccional de riqueza la mano de obra preserve unas garantías laborales, salariales y éticas mínimas −ya sabemos la indignación que sienten las élites económicas ante la petición de la clase trabajadora de estándares de calidad óptimos y no solo suficientes−. Es menester, de la misma forma, que aquello que se produzca y cuyos beneficios queden hermética y directamente aprovechados en territorio andaluz, también lo hagan bajo condiciones ventajosas tanto para aquellos que producen como para aquellos que perciben por dicha producción. Los avances efectuados durante estos últimos cuatro años, esencialmente, todos aquellos alcanzados en el último año y medio de legislatura, solo sirven para suturar mínimamente los males endémicos de la clase trabajadora en nuestra autonomía, en efecto, pero son las primeras piezas para construir a medio-largo plazo un proyecto de comunidad que deje de ser dictada y dicte el camino que ha de marcar económica y laboralmente España. Por eso, indudablemente, merecen ser no solo refrendados, sino también protegidos para la próxima década el 23 de julio en las urnas. Fuerzas que quieran seguir progresando de la mano de Andalucía habrá hasta tres en esas papeletas. Poca guasa, Andalucía.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
