«Negligentes». Así reconoce finalmente el Ayuntamiento de Málaga haber sido las actuaciones desarrolladas por el propio Consistorio y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la conservación del CEIP Domingo Lozano y para el mantenimiento de la seguridad de su comunidad educativa. Una falta de labores de supervisión y rehabilitación que ha propiciado el cese de la actividad académica en este colegio de la capital malagueña como medida preventiva para garantizar la seguridad del alumnado. Todo ello, además, en pleno curso y dictaminando la redistribución de los alumnos y alumnas del centro en otras dos escuelas cercanas, pese al rechazo de madres, padres y de los propios estudiantes a esta medida, implementada de manera taxativa por el Ayuntamiento.
De esta confesión consistorial, ahora bien, sigue desligándose la propia concejala de Urbanismo, la popular Carmen Casero, que continúa reafirmándose en que «el problema del Domingo Lozano no viene de la falta de conservación ni de mantenimiento», que, no contenta con ello, aseguraba que los últimos estudios de los técnicos en la Gerencia debían terminar en primavera «y se aceleraron por la preocupación de los padres». La valoración que efectuó la Delegación de Desarrollo Educativo tras conocer el estado de este colegio de Educación Infantil y Primaria, sin embargo, no deja lugar a dudas: el edificio y el terreno tienen una cimentación deficiente que podría generar problemas futuros.
Y es que hasta cinco aulas del Domingo Lozano se encontraban ya apuntaladas, con grietas y cerradas. En septiembre, de hecho, unas grietas provocaron el cierre de la biblioteca, cuya zona se apuntaló y clausuró para evitar el tráfico de profesores y alumnos a expensas de que se resolviese qué actuaciones se debían llevar a cabo. Las familias afectadas ya habían mostrado su intranquilidad en repetidas ocasiones, especialmente durante los últimos meses de este pasado 2023.
Este escenario y este último de los incidentes, no hicieron, sorprendentemente, que Educación admitiese la existencia de riesgo alguno para estudiantes y docentes. Al contrario. La Consejería negó la posibilidad de peligro alguno y la concejala del distrito malagueño en el que está localizado el centro refrendó las palabras de la cartera liderada por la popular Patricia del Pozo, afirmando que no había opción de trance en seguir utilizando el resto de aulas del centro. Un diagnóstico del que solo meses más tarde, el pasado 20 de diciembre, paradójicamente, recularían, al ordenar el cierre del colegio.
Cabe destacar que la negativa de Crespo a aceptar las responsabilidades de la parcela que dirige en todo lo sucedido en torno al CEIP Domingo Lozano choca, asimismo, con las declaraciones del delegado territorial de Educación de la Junta, Miguel Briones, en las que, según el concejal socialista Mariano Ruiz, responsable de Urbanismo, hasta en ocho ocasiones ha asegurado que «las tareas de mantenimiento y vigilancia de los centros públicos destinados a uso educativo en el que se imparten enseñanzas de educación infantil, primaria o especial», como es el caso de dicha escuela, «son obligación del Ayuntamiento».
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
