Liberto García PalmaA finales de este pasado año, fueron aprobados en el Parlamento de Andalucía los presupuestos que marcarán la hoja de ruta de todos los andaluces y andaluzas para el próximo año 2024. Un presupuesto que no cubre las necesidades de todas las personas que viven en Andalucía y, por supuesto, que no representa ni de lejos a la gran mayoría de estas. Nos están vendiendo un presupuesto que solo beneficia a una pequeñísima parte de la sociedad, que casualmente se asemeja mucho a esos 20.000 millonarios a los que ya hace unos meses el Partido Popular le rebajó el impuesto de patrimonio haciendo que la Junta de Andalucía dejara de ingresar, por ejemplo, cerca de 95 millones, como recaudó en 2020.
Por desgracia, esta es una realidad que se viene dando desde que el Partido Popular está al frente del Gobierno de Andalucía. La actual situación de fragilidad económica y vulnerabilidad social de la comunidad no es sino el reflejo de la falta de ambición, responsabilidad y compromiso de dicho partido en los ya cinco años de gobierno al frente de la Junta.
Y es que la andaluza sigue siendo la comunidad autónoma con el menor PIB per cápita, una de las que mayores indicadores de vulnerabilidad y pobreza registra, pues el 35,8% de la población en 2022 se encontraba en situación de vulnerabilidad según la tasa Arope -que mide el riesgo de pobreza o exclusión social de un territorio-, y donde casi el 15% en una situación de pobreza severa. Andalucía, asimismo, ha vuelto a ser la que mayor tasa de paro sufra -un 18,4%-, tal y como anota la última de las Encuestas de Población Activa (EPA), y la que vuelva a crecer en el año en curso por debajo de la media estatal, según el último informe de la AIREF.
Ante semejante escenario y con estos presupuestos decepcionantes, los problemas reales de los y las andaluzas no prometen solucionarse, porque, a pesar de que nos quieran vender estos presupuestos como ‘históricos’, de ello tienen más bien poco, ya que por ejemplo, en cuanto a ingresos propios, la Junta va a dejar de recaudar cerca de 650 millones de euros con respecto al montante económico estipulado para este pasado curso 2023. Este recorte severo, lógicamente, significará menos inversión en sanidad pública o educación pública, entre otros. Cabe subrayar, de hecho, que de haberse mantenido la recaudación de los impuestos dependientes de Andalucía al 100%, como ocurriese hace cinco años, nuestra comunidad contaría con 1.400 millones de euros más en su arcas. O lo que es lo mismo: supondría duplicar el crecimiento presupuestario que hoy nos intentan vender como ‘histórico’.
No se antoja difícil encontrar pues la falacia en el relato que pregonan Moreno y su equipo de Gobierno: si hay menos recaudación propia, no puede aumentar el presupuesto global. ¿Cómo se come uno que afirmen lo contrario? Estos presupuestos se mantienen y sostienen mayoritariamente por las transferencias del Estado, que representan el 65%. Y es que tan solo un simple análisis del caudal de recursos públicos hace que la parafernalia a modo de narrativa que intenta colarnos el Partido Popular bien sea interpretada por nosotros de una forma clara y llana: nos están engañando.
Y lo están haciendo, además, descaradamente, porque, bajar impuestos, en primer lugar, no se traduce en un aumento de la recaudación pública, ya que la caída libre de los tributos que aplica propia y directamente la Junta, cuya cantidad se ha deducido, como ya he dicho, en 1.300 millones de euros menos, hablan por sí solos. Y, en segundo lugar, el dinero no va al bolsillo de la gente, debido a que Andalucía sigue liderando, desgraciadamente, todos los ránkings de pobreza y desigualdad, mientras que, paradójicamente, ser rico en territorio andaluz cada vez sale más barato.
Pero eso no es todo. Más allá del terrible escenario que soporta Andalucía arrojando la luz de los datos y estadísticos a ese cuento fantástico y embadurnado de falsedades y dinámicas idílicas que cuenta el Gobierno andaluz, existe otra más que preocupante circunstancia. El Ejecutivo autonómico ha dejado de ejecutar el 75% de los fondos europeos incluidos en este presupuesto y que estaban activos para ejecutarlos durante este año 2023. Es decir, una partida económica de 4.700 millones de euros, que si no los ejecuta antes del 31 de diciembre de 2024 -y, en algunos casos, hasta 2025- tendrá que devolverlos a instancias europeas. De hecho, ya en 2023 solo se ejecutaron un 63% de ellos. O, dicho de otra forma: más de 18.300 millones de euros no fueron destinados finalmente a las partidas a las que estaban previstas.
De hecho, cabe destacar entre los recortes presupuestarios planificados para el vigente año político los cinco millones de euros menos que se dedicarán a la protección contra la violencia de género, teniendo en cuenta que Andalucía cerró nuevamente 2023 siendo la comunidad con mayor número de víctimas mortales por violencia machista, con 16, o, la friolera reducción de 30 millones de euros menos presupuestada para la Renta Mínima de Inserción Social -pese a que ya en 2023 se dedujeron 43 millones- y son 168 millones de euros menos los invertido en esta materia que los destinados a ello en 2018 -antes de que el PP andaluz gobernase-.
Mención aparte necesita la privatización de la sanidad y la educación, señas identitarias del Partido Popular en nuestro territorio. En lares educativos, durante el presente curso se aumentarán en más de 50 millones lo destinado a los centros concertados. Unas cotas que ya son terriblemente superadas en Formación Profesional, donde el aumento será superior a los 350 millones de euros en conciertos con la privada. En el caso de la sanidad, se han el Gobierno de Moreno ha tomado a bien elevar la ‘remuneración’ de la privada un 7,3 % más, llegando casi a los 600 millones de euros.
En definitiva, y, aunque se quedan muchos aspectos fuera de este artículo, con los datos ofrecidos nos podemos hacer una idea de la gran farsa que suponen estos presupuestos y de que la realidad dista mucho de lo que nos quieren vender y hacer creer. Lo único cierto es que en 2024, Andalucía sufrirá un gran recorte en multitud de políticas públicas, principalmente las que van dirigidas a los sectores que más lo necesitan.
