«Todos los españoles merecen disfrutar de los mejores servicios públicos posibles […] seamos de dónde seamos». La cita la profería este pasado 13 de abril el líder del PP-A, Juanma Moreno, en un acto en homenaje al 40º aniversario de la Casa de Castilla-La Mancha en Sevilla. Un deseo al que exhortaba el presidente andaluz abogando nuevamente por el principio de igualdad entre españoles, pero que, sin embargo, no deja de ser polémico a tenor del frenético ritmo al que él y los populares andaluces siguen privatizando servicios públicos como la sanidad y la educación en la comunidad que gestionan, la andaluza. Una dinámica que propicia, verdaderamente, que no exista un mismo tren de bienestar entre andaluces y andaluzas y ciudadanos y ciudadanas de otras tantas comunidades autónomas españolas.
La controvertida sentencia de Moreno salta a la palestra apenas semana y media después de que decenas de miles de personas se movilizasen en las ocho capitales provinciales de Andalucía para decir «basta» a la «privatización» que continúa perpetrando su Gobierno desde que asumió la dirigencia de la Junta de Andalucía en 2019. Lo hicieron alentadas por los 734 millones de euros que el Ejecutivo autonómico pretendía, hace meses, destinar a la derivación de pacientes andaluces a las clínicas privadas de dentro y fuera de territorio andaluz, y, a sabiendas de que el ex director gerente del SAS pretende fichar por la aseguradora privada Asisa, a la que, entre 2021 y 2023, adjudicó la friolera de 43,6 millones de fondos públicos cuando el máximo responsable de este órgano sanitario, entre otras muchas cuestiones.
Cuestiones que, precisamente, evidencian un «desmantelamiento» sin precedentes del sistema sanitario público durante los últimos años y que arremeten contra un derecho fundamental de los andaluces y andaluzas como el de la salud y el de tener una cobertura sanitaria óptima a merced de abominables listas de espera para ser atendidos por un especialista o para ser intervenidos quirúrgicamente, una severa falta de personal médico -principalmente- y enfermero, o el cierre de áreas e, incluso, de centros de salud -especialmente, en temporadas estivales- en la comunidad.
La educación pública, por su parte, no corre ni mucho menos mejor suerte pese al afán -solo discursivo- del máximo mandatario andaluz. Ayer, 17 de abril, precisamente, los sindicatos de la Mesa Sectorial de la Educación en Andalucía (Ustea, CCOO, CSIF, ANPE y UGT), se movilizaron en todas las provincias autonómicas, a excepción de Sevilla, para exigir a la Consejería de Educación y Formación Profesional que «retome el diálogo y la negociación» para incrementar las plantillas docentes en el sistema educativo público de la autonomía, una «necesidad» que las organizaciones estiman «urgentísima».
No es la única de la protestas que se desarrollarán en la comunidad andaluza próximamente en términos educativos. El próximo 27 de abril, Marea Verde ha convocado sendas manifestaciones en las capitales andaluzas bajo el lema «dinero público para lo público», tras ver cómo el Gobierno andaluz eleva a 2.500 las aulas públicas cerradas desde que preside la Junta y para exigir la eliminación de los conciertos educativos, que han propiciado que hace poco el Ejecutivo autonómico devolviese 119 millones de fondos europeos tras rechazar extender la gratuidad de la enseñanza infantil y no perjudicar al actual modelo de escuelas concertadas.
Periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
